Criminalizar personas con VIH es ley en 101 jurisdicciones del mundo. Sostener estas leyes, en contra de la evidencia científica y el sistema de derechos humanos, es el reflejo actual del negacionismo más oscuro y cerrado. Buscando estrategias para modificar esta situación, nos encontramos en el día de ayer 170 personas de 36 países en “Beyond blame” (Más allá de la culpa), la pre-conferencia sobre criminalización que organizó la HIV Justice Network.
Allí expuso Edwin Cameron, notable juez del tribunal superior sudafricano, quien planteó que defender la criminalización en la actualidad se asemeja a la ceguera y terquedad del presidente Mbeki en la Conferencia del año 2000, negando la eficacia de los antirretrovirales.
La criminalización es el reflejo del miedo y el prejuicio, y una de las grandes barreras que siguen obstaculizando el acceso a la salud para miles de personas que prefieren no conocer su estatus serológico para evitar ser procesados. Las leyes penales vigentes en muchos países pueden llevar a una persona a la cárcel hasta 25 años por no haber develado su serología, haber expuesto o haber transmitido sin intención el virus.
Si bien en los últimos años algunos países han logrado avances modernizando o retirando las leyes específicas sobre VIH para que solo la transmisión intencional sea criminalizada, la situación global sigue siendo grave.
En la pre-conferencia, pudimos escuchar los testimonios de 3 sobrevivientes que coincidieron en destacar la devastadora experiencia que supone para ellos, sus familias y su entorno, ser acusados y procesados por crímenes que nunca cometieron.
Escuchamos a un hombre desde la prisión de Idaho (EEUU), en la que está confinado hace 7 años -cumpliendo una condena de 30- acusado de haber expuesto a una pareja al VIH por no haber develado su serología, a pesar de haber tenido en todas sus relaciones sexo protegido. Conocimos también a una enfermera de Uganda, con más de 35 años de experiencia, procesada por haber expuesto a un paciente durante un accidente laboral. Ella ha logrado revertir su situación penal con la ayuda de activistas y abogados, pero la marca indeleble que ha quedado por la cobertura sensacionalista mediática de su caso, hace que le sea imposible encontrar trabajo e incluso poder vivir sin sentirse amenazada en su propia ciudad. Asimismo, un destacado teniente coronel de la armada norteamericana compartió entre lágrimas el procesamiento en el que se vio implicado después de una denuncia en su contra que, a pesar de no haberse podido probar nunca en la justicia, terminó con su carrera profesional. Los tres son hoy activistas en lucha para que su historia no se repita nunca más en sus países y en ninguna otra parte del mundo.
El camino para ello implica un gran esfuerzo mancomunado en distintos frentes. Es necesario el firme apoyo de científicos, defensores de derechos humanos, políticos, personal de la justicia y activistas, ampliando la información actualizada sobre la epidemia, dando cuenta de los efectos negativos en el acceso al test y al tratamiento y de la imposibilidad de alcanzar la meta del 90-90-90 en ambientes legales criminalizadores. Depositar únicamente en las personas con VIH las decisiones de cuidado que necesariamente se toman en común con otras personas a la hora de tener un encuentro sexual consentido es discriminatorio, ridículo y contrario a los derechos humanos. El camino hacia el fin de la epidemia es tarea de todos y cada uno, y nunca lo vamos a lograr si seguimos señalando con el dedo a las personas con VIH como las únicas responsables.
