En la actual crisis migratoria que vivimos a nivel global hay pruebas suficientes que demuestran que las leyes penales expulsivas contra las personas migrantes no sólo son violatorias de los derechos humanos sino que además colaboran para profundizar un contexto de vulnerabilidad al VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Existe una verdadera crisis de dignidad en el mundo que debe ser tenida en cuenta para pensar en el fin de la epidemia. Para ello, hubo médicos que alzaron su voz pidiendo reformas legales para que su servicio no los coloque en el lugar de policías: “docs, not cops” (doctores, no policías) repitieron en varias ocasiones.

Algunas sesiones de la Conferencia estuvieron dedicadas a aportar datos y sentido, que sirvan como evidencia científica para los decisores políticos. Por ejemplo, en Kazakhstan, el país más grande de Asia Central, tiene 3.5 millones de migrantes, de los que entre 300.000 y un millón están indocumentados. Los estudios muestran que son en su mayoría personas solas, con una fuerte carga de estrés, perseguidas por las fuerzas de seguridad nacionales, todo lo cual lleva a incrementar hasta 3 veces el porcentaje de personas involucradas en conductas sexuales riesgosas, como el sexo sin protección, transaccional y/o bajo la influencia de drogas.

En Canadá se han llevado a cabo relevamientos en la zona de British Columbia con trabajadoras sexuales migrantes que ejercen su trabajo en departamentos, con allanamientos frecuentes por parte de la policía. Las leyes vigentes permiten el trabajo sexual solo a personas canadienses o con residencia permanente. La investigación se centró en medir el estrés y las preocupaciones relativas a ser deportadas en un allanamiento. También aquí se demostró que esas preocupaciones y la ansiedad asociada están significativamente relacionadas con conductas sexuales de mayor riesgo.

También se presentaron estudios sobre las necesidades de la población migrante viviendo con VIH en el Reino Unido (UK) y Suecia. En UK, la migración subsahariana supone el 1,8% de la población, pero el 31% de la población que se atiende por VIH. En Inglaterra vienen trabajando en una plataforma interinstitucional desde 2007, para oponerse en cada ocasión que el estado quiso modificar la política de acceso gratuito a la atención primaria de la salud, desde donde se atiende al grueso de la población migrante con VIH. Esta plataforma ha conseguido que en 2017 el Estado declare que no hará modificaciones a las políticas de acceso a la atención primaria de la salud,pero siguen alertas, dado el clima anti migratotio que se vive en Europa.

El argumento de la salud pública, sumado a que está comprobado que los migrantes se infectan después de haber migrado, en un promedio de 5 años tras haber llegado al país, es un argumento que los responsables políticos han tomado particularmente en cuenta. Destacan como importantes lecciones aprendidas de este proceso haber logrado ser una voz unida del sector del VIH que incluye médicos, coaliciones estratégicas con organizaciones de salud y migración, movilización de parlamentarios y utilización de datos actualizados que respaldan los argumentos de derechos humanos.

Entre la población viviendo con VIH en Suecia también la población migrante supone el 80%. El pico de solicitudes de asilo vivido en 2015 con las crisis humanitarias de medio oriente, ha generado una crisis en el sistema de salud sueco sin precedentes que requiere comprender las necesidades de la población migrante para adaptar los servicios de modo que accedan al testeo y tratamiento gratuito que se les ofrece a su llegada, y muy pocos aceptan. Hay barreras estructurales que deben modificarse, como la traducción de los materiales a otros idiomas, además de sueco e inglés, o la inexistencia de estrategias de campo y de trabajadores pares que puedan traducir a los agentes de salud las necesidades de la población -especialmente traductoras mujeres que colaboren con el acompañamiento a su salud sexual y reproductiva.

También es una dificultad para el seguimiento los permanentes cambios de dirección y número de teléfono, sumado a que el sistema sueco de salud funciona con historia clínica electrónica, por lo que todos los turnos, resultados de exámenes, etc. se hacen a través de sistemas electrónicos que son, para muchos migrantes, tecnologías totalmente desconocidas. Además, la desconfianza a ser deportados si tienen resultados reactivos es otra de las principales razones para este rechazo, así como el estigma y la discriminación interseccional que incluye no sólo tener VIH sino también ser migrante, de una raza, etnia y clase social claramente distinta de los suecos. A través de la encuesta se puede ver las diferencias culturales entre la población sueca y la migrante, por lo que será necesario construir puentes que achiquen las brechas culturales y permitan a la población migrante sentirse cómoda y segura para acceder a servicios de salud. La salud, entendida como un derecho humano que los estados se comprometen a garantizar, focalizando en el acceso de las poblaciones más vulnerables, es un marco que ha demostrado ser costo efectivo en todos los países estudiados.